Sobre la sentencia de La Manada (Sentencia 38/2018, de 20 de marzo de 2018, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra) | Camprovín y Brun Abogados

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Desde un punto de vista jurídico, son innegables los numerosos puntos de interés que suscita el caso conocido como de “La Manada”, donde cinco hombres han sido acusados y juzgados de la agresión sexual de una mujer, en el contexto de las fiestas de los Sanfermines de Pamplona. Sobre los juicios paralelos y la influencia de la opinión pública sobre la independencia judicial, la estanqueidad y división de los poderes públicos, sobre el carácter ambiguo de una prueba videográfica tomada en el momento de los hechos en un proceso penal -¿prueba de la acusación o prueba de la defensa?-. La virulencia de los debates no puede hacer olvidar cuestiones jurídicas de gran calado, de las que aquí sólo destacaremos un aspecto, sin descartar recalar en otra ocasión en otros que esta resolución aporta.

Los cinco acusados fueron acusados todos ellos de: un delito continuado de agresión sexual de los artículos 178, 179, 180.1. 1ª, 2ª y 3ª del Código Penal; de un delito de robo con violencia o intimidación previsto y penado en el artículo 242.1 del Código Penal; y de un delito contra la intimidad previsto y penado en el art. 197.1 y 5 del Código Penal. De estos tres delitos fueron absueltos los cinco acusados en la sentencia 38/2018, de 20 de marzo de 2018. Sin embargo, la Audiencia de Navarra ha condenado a los acusados por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, algo de lo que nadie les había acusado formalmente en el proceso penal.

Para ello, la Audiencia aplica la llamada homogeneidad delictiva entre la agresión sexual con violencia o intimidación y el abuso sexual con prevalimiento. Sin embargo, la operación en este caso concreto no está exenta de riesgos, como pone de relieve el pugnaz y detallado voto particular de la sentencia, destinado a ser estudiado como ejemplo hiperbólico de disidencia judicial dentro de un tribunal. Y no sólo porque se corra el riesgo con tal solución de infringir el sacrosanto principio acusatorio del proceso penal, sino porque la figura del prevalimiento escaparía aparentemente de las circunstancias del caso.

El abuso con prevalimiento del artículo 181.3 del Código Penal exige una situación de superioridad manifiesta en el autor del abuso. Y qué debemos entender por tal lo explica la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2013, cuando dice que “se configura genéricamente como un supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en el que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente, y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea ésta laboral, docente, familiar, económica, de edad o de otra índole, consciente de que la víctima tiene coartada su libertad de decidir sobre la actividad sexual impuesta”. No debe confundirse el número de las personas que cometen los hechos con la “superioridad manifiesta” del prevalimiento, porque este dato del número de personas el legislador penal lo aplica como circunstancia agravante de la agresión sexual (artículo 180.1.2ª), pero no del abuso sexual, cuando podía haberlo sido, ya que otras circunstancias agravantes del artículo 180.1 son de aplicación a los abusos sexuales.     

El abusador sexual con prevalimiento consigue su objetivo porque la víctima consiente por la posición de aquél (familiar, académica, jerárquica, oficial, de notoriedad pública); en la agresión sexual no hay consentimiento, y el agresor logra su objetivo con violencia o intimidación (amenaza de ella). También se ha definido el prevalimiento como una intimidación de grado inferior. Pero ambas figuras penales, más que homogéneas, son antagónicas de algún modo en su configuración interna, ya que en una agresión sexual no puede entenderse concurrente consentimiento de ningún tipo. Y si hay abuso sexual con prevalimiento, debe entonces concurrir el consentimiento, sin asomo de violencia o intimidación, si bien viciado por la superioridad manifiesta personal del abusador.

Un proceso penal de trascendencia histórica, que como procedimiento inacabado y por sus ecos sociales, sin duda traerá consigo en el futuro nuevos motivos de análisis jurídico.    

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