Los juicios de tráfico vuelven a los Juzgados Penales| Camprovín y Brun abogados

Los juicios de tráfico vuelven a los Juzgados Penales

Transcurridos cuatro  años desde la publicación de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo  que supuso la despenalización de la imprudencia leve, llega ahora una nueva reforma del Código Penal mediante la L.O. 2/2019 de 1 de marzo, que supondrá de nuevo la judicialización en la jurisdicción penal de la gran mayoría de siniestros de circulación con resultado de lesiones. Se considerará imprudencia menos grave el hecho consecuencia de una infracción grave de las normas de tráfico y seguridad vial, y será punible, cuando cause lesiones que requieran tratamiento médico o quirúrgico además de una primera asistencia facultativa.

Este sábado 2 de marzo de 2019, se ha publicado en el BOE una nueva reforma del código penal que afecta de forma directa al enjuiciamiento de los accidentes de circulación. A través de esta reforma, se  señalan las conductas que siempre se considerarán  imprudencia grave,  se define y tipifica  la menos grave que será punible por lesiones del 147.1, se da la posibilidad del juez de elevar la pena hasta en dos grados en supuestos especialmente graves, y se crea un nuevo delito de abandono de lugar del accidente.

De estas novedades, por las consecuencias procesales que va acarrear, la más trascendente resultará sin duda la regulación de la imprudencia menos grave, que se define como aquellas infracciones que tienen tal consideración en la legislación de tráfico y seguridad vial, y que además resultará punible incluso para las lesiones del artículo 147.1 del código penal, es decir aquellas que requieran más de una primera asistencia facultativa. Podría decirse, que se vuelve a la situación anterior a la despenalización de las faltas en la reforma del 2015, pero lo cierto, es que se ha ido más allá porque en la nueva redacción del artículo 152.2, la imprudencia menos grave que cause cualquier lesión punible, lleva aparejada una multa de tres a doce meses lo que excede del ámbito del delito leve.

Esta pena y las consecuencias procesales que va a conllevar, no resulta muy coherente con la postura mantenida por todos los partidos políticos sin excepción, en el desarrollo parlamentario de la reforma. De hecho esta reforma  en lo que afecta a la imprudencia menos grave, no se encuentra  mencionada ni en el texto, ni en la exposición de motivos de la proposición de ley para la reforma, planteada en el congreso por  el grupo popular en junio de  2017.

Realmente, lo único que pretendía esa reforma era lo siguiente:

.- Que siempre fuera considerarse imprudencia grave las circunstancias descritas en el artículo 379 del código penal.

.- La posibilidad de elevar las penas en los supuestos de imprudencia grave, y menos grave con resultado de muerte o lesiones del artículo 149 y 150, hasta en dos grados  en atención a la gravedad de los hechos, el daño causado y número de víctimas.

.- La creación de un nuevo delito de  abandono del lugar del accidente.

En la toma en consideración de la proposición de ley, se escucha por  primera vez el deseo manifestado por alguno de los parlamentarios de que volviesen a tener respuesta penal los accidentes de circulación con lesiones que antes de la reforma de 2015 se tramitaban como juicios de faltas. En Todo caso, se desprende de estas primeras intervenciones que esa vuelta a la jurisdicción penal de los siniestros con lesionados en los que no exista una conducta que pueda calificarse de imprudencia grave, no es por convencimiento de que dichas conductas debieran ser penalmente sancionadas, sino para dotar de un cauce seguro, rápido, y económico a las víctimas para el cobro de sus indemnizaciones  a la vista del efecto negativo de los cauces previstos en la Ley 8/2004 de RCySCVM.

Y aunque pudieran mencionarse estas inquietudes durante la toma en consideración,  no hubo ni una sola enmienda a la proposición de ley que mencionara lo que finalmente se ha aprobado respecto de la imprudencia menos grave.

Es necesario acudir al diario de sesiones del congreso de 20 de noviembre de 2018 para entender, que en la comisión celebrada aquel día para la emisión de dictamen sobre el  informe de la ponencia, se planteó una enmienda in voce por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para:  «no dejar fuera del código penal al 90% de las víctimas de accidentes de tráfico. Se trata de incluir en el artículo 147.1 el caso de lesiones graves – no solo lesiones invalidantes como era hasta ahora sino también las lesiones graves- para que las víctimas de accidentes de tráfico estén protegidas por el código penal. Este artículo 147.1 lo vamos a incluir dentro del apartado del artículo 152.2, tal como hemos pedido siempre ciudadanos y como siempre nos han pedido los colectivos de víctimas con los que hemos estado alienados desde el primer momento».

Y así, el 22 de noviembre se publicó el informe de la ponencia con el texto que finalmente fue remitido al Senado y aprobado el 20 de febrero de 2019. Lo cierto, es que para no estar previsto en el  Proyecto de  Ley la descripción de la imprudencia menos grave, y la tipicidad de esta conducta cuando genere lesiones que requieran tan solo más de una asistencia facultativa, el efecto de la reforma va a ser de un gran calado en lo que a la judicialización se refiere.

No solo porque se van a volver a judicializar la gran mayoría de los accidentes de circulación, al menos en su inicio,  sino porque al exceder la pena propuesta para la imprudencia menos grave, a la prevista para los delitos leves, los asuntos tendrán que tramitarse como diligencias previas y procedimiento abreviado lo que supone, la acusación mediante abogado y procurador, y la imposición de costas en caso de condena. No tengo muy claro que se hayan calibrado estas consecuencias porque si lo que se buscaba realmente era agilizar y garantizar el cobro de las indemnizaciones justas, hubiera sido más lógico proponer una pena multa de uno a tres meses para que se tramitasen como delitos leves que es el equivalente a las anteriores faltas.

No cabe duda, de que ahora  en la negociación, la posición de fuerza entre aseguradora y víctima cambia, pues los conductores se enfrentan a pena de multa como mínimo de 540 €. más la correspondiente posible retirada de tres meses a un año, antecedentes penales y costas. Seguramente las consecuencias lesivas de los accidentes seguirán siendo objeto de transacción, pero sin duda habrá un enjuiciamiento inicial en el que ahora las víctimas contarán con la presión que puede suponer la pena de los conductores no cubierta por el seguro, y la condena en costas en caso de celebración del juicio,  que si habrán de satisfacer las aseguradoras por  la cobertura de defensa jurídica.

Veremos qué actuaciones adoptan los letrados de las víctimas, y cuáles son las interpretaciones de la norma que vayan perfilando nuestros tribunales. Tiempos inciertos.

Camprovín y Brun Abogados

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